Y AHORA: LA LES (Ley de Educación Superior)
- La Comisión: El Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior (ES) estuvo constituido por 29 integrantes, 21 académicos y 8 estudiantes, elegidos por el Gobierno. De sus integrantes estatales, 5 son académicos de universidades, más una representante de funcionarios y un representante de las FF.AA.. 14 lo son de instituciones privadas (de ellos, 9 católicas).
Obró como Presidente el Rector de la Universidad privada Diego Portales. Su informe (484 páginas) se hizo público en marzo de 2008.
De sus tres Partes, aquí nos referiremos sólo a la I (Antecedentes y recomendaciones: pp. 6-38), y en ella sólo a algunos temas y acápites de nuestro interés en tanto integrante de una comunidad universitaria estatal y pedagógica.
- Algunos temas y recomendaciones
Se argumenta que la condición de ‘públicas’ corresponde a todas las Universidades, no siendo privativa de las ‘estatales’, con lo cual se despoja a estas de su original y primordial sentido colectivo y nacional (de ‘servicio público’). Al desaparecer su ‘diferencia específica’ queda homologada con el resto de las instituciones de ES.
Se insiste en forma reiterada que la mayoría de loe estudiantes de la ES actual (un 70%), son los primeros en su historia familiar en alcanzar este tipo de educación. Por ello, según la Comisión, la ES constituye hoy día una expectativa que se ha incorporado a los sueños del futuro de la mayor parte de las familias chilenas que hacen ingentes esfuerzos por proporcionársela a sus hijos. La intencionalidad de connotar a la ‘familia’ como la responsable educativa y avalar sus afanes ahorrativos en vista al ingreso a las instituciones pagadas es ostensible y reiterada. Incluso, la frase con que se inicia el tratamiento del tema reza: La educación está hoy en el horizonte de todas las familias chilenas. Cada chileno y chilena sabe que la educación es el principal camino para la autorrealización personal.
Como observamos, al igual como en la Constitución, la tarea educativa se centra en el ‘derecho’ y ‘deber’ familiar y en la motivación personal e individualista. Su dimensión social como derecho humano de todos los ciudadanos, su significación en el orden colectivo y cultural, su impacto en la formación ciudadana, si bien a veces queda consignada, a la postre se la trata como una deriva, un efecto secundario. Con ello se sigue consagrando el sello individualista y competitivo (oferta y demanda), la condición subsidiaria del Estado, en tanto se acepta y legitima sin tapujos la presencia de los proveedores privados. Se está negando la responsabilidad y garantía del Estado respecto a la Educación como un derecho más equitativo e igualitario para toda la población.
Tras afirmar que las Instituciones de ES en el mundo son mixtas (estatales y privadas), se interpreta que igual situación se produjo en Chile, dada la existencia de dos Universidades símbolos: la U. de Chile y la U. Católica. Por lo cual, desprende que esa matriz permite que el sistema de ES exprese la diversidad de la cultura nacional. Dada tal supuesta realidad se niega que en Chile haya predominado el Estado Docente. Sobre tales supuestos se pasa luego a describir lo sucedido en Chile desde 1981.
El resultado fue la estructura actual con tres niveles de ES: CFT y IPs. (vocacionales) y Universidades (disciplinarios), describiéndosela como un sistema con una plataforma institucional de oferta muy diversa, con un alto grado de participación privada y con un escenario de competencia por los recursos disponibles. Es decir, un sistema de oferta, mayoritariamente privatizado y altamente competitivo. Dada tal realidad, implícitamente aceptada por toda la Comisión y todos nosotros, se argumenta latamente que las instituciones privadas pueden tener una clara orientación pública, y que por tanto debiera haber ‘estricta igualdad de trato’ entre todas las instituciones de ES. Dice el texto:
El primer principio que el Consejo desea subrayar es que si bien las Us. Estatales son de naturaleza pública, el trabajo orientado hacia el interés general, atendida la experiencia chilena, no es exclusiva de ese tipo de instituciones (¿)... el interés público puede alcanzarse también fuera del Estado (¿). Por supuesto, todo esto para llegar a una conclusión atingente al reparto de los dineros fiscales:
El financiamiento a la oferta bajo la forma de convenios de desempeño o fondos concursables, pueden estar abiertos a las instituciones de toda índole bajo criterios universalistas... La homologación entre universidades estatales y privadas queda, una vez más, establecida. Y sigue la argumentación antiestatales: con el ‘financiamiento a la demanda’ (créditos subsidiarios) aplicados a discreción de los estudiantes tanto en instituciones estatales como particulares...
Puesto el Consejo ya en el trance de pronunciarse sobre las Universidades Estatales, el discurso se hace a la vez sincrético y normativizador: Ellas deben revisar sus actuales prácticas y formas de gobierno para ver si incrementan su eficiencia en un entorno competitivo. Admiten que le corresponde al Estado asegurar la presencia de un grupo de instituciones de origen estatal, u otro, que sean neutras a las formas de vida y las orientaciones ideológicas, sociales o religiosas (¿) en competencia que son propias de una sociedad abierta... Por eso, aceptan que hay razones que aconsejan que el Estado provea de un financiamiento especial a alguna de sus instituciones y por períodos específicos (sin sostenerlas en el largo plazo)... ES EL ANUNCIO DE FINIQUITO DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES.
En definitiva, argumentan que la función pública de una institución no depende de la índole de su propiedad, por tanto, las políticas públicas de ES deben ser en principio neutrales a la propiedad o carácter, y fijarse en el desempeño histórico y los resultados. LA IDEA ES QUE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES PUEDAN PARTICIPAR POR SÍ MISMAS DE LA OBTENCIÓN COMPETITIVA DE RECURSOS.
Consonante con lo ya expuesto es prioritario para la Comisión ‘preservar valores como la diversidad de su provisión y la autonomía, de aquí se sigue no sólo la complaciente aceptación de tales valores sino su adecuada instrumentación:
Un sistema altamente privatizado como el chileno, donde la vinculación entre los estudiantes y las instituciones posee una índole contractual, y donde el financiamiento se efectúa con la renta presente o futura del estudiante o de sus familias, requiere una instancia que guíe y asegure los derechos y deberes en la tarea educativa´... (una agencia ‘independiente’!)...
Al referirse al álgido tema del ‘financiamiento’ se desgrana con pericia el choclo de los principios privatizadores, de los criterios mercantiles y del autofinanciamniento.
Como dato se consigna que en Chile se invierte en educación el 2.1% del PIB, del cual un 1.8% es financiado por privados (familias) y un 0.3% por fondos públicos. Para explicar que esto es inédito y no está nada de mal, se dice que es un rasgo excepcional en los sistemas comparados. Obviamente no hay un parangón similar en toda América Latina y escasamente en el mundo. En vez de detenerse a analizar y evaluar su significación e implicancia social, simplemente se vuelve con la letanía: esto explica que las familias chilenas hagan hoy un ingente esfuerzo por educar a sus hijos.
Al momento de tratar el financiamiento estudiantil hay acuerdos en maximizar las ayudas estatales, sea a través de becas de arancel, de alimentación y mantención y de créditos, en particular para quienes más lo requieran (quintiles I y II), otorgadas para estudiantes cualquiera sea la pertenencia de su Universidad.
En general, y resumiendo, lo que la Comisión recomienda es que todos los recursos gubernamentales sean entregados en igualdad de condiciones para las universidades estatales como privadas, sin distinción. Así expresado: El Consejo sugiere utilizar mecanismos competitivos, abiertos a todas las instituciones acreditadas, encaminados a mejorar la calidad y la equidad del sistema de ES... El financiamiento público a la demanda (vía becas y créditos) y el financiamiento a la oferta debe estar fundado en criterios de asignación no discriminatorios o neutrales... los recursos deben estar disponibles para todas las instituciones que satisfagan un umbral de elegibilidad...
En el campo ‘vocacional’ (IP y CFT), en su mayoría entidades privadas, el Consejo sugiere que el Estado provea este tipo de educación, ESPECIALMENTE EN AQUELLAS ÁREAS EN LAS QUE LA INICIATIVA PRIVADA NO LOGRE HACERLO DE UNA MANERA EFICIENTE... El principio constitucional de la ‘subsidiariedad’ desembozadamente aplicado y con acuerdo, al parecer, de toda la Comisión (incluidos los integrantes de universidades estatales).
En el tema del LUCRO, en tanto índole o naturaleza jurídica de las Universidades, se produjo un ‘triunfo’ de una mayoría (ya prevista por su composición) que acepta la ‘organización jurídica de entidades con fines de lucro y sin él’. Entre quienes abogaron por ello figura la actual Ministra de Educación, Mónica Jiménez...
- EN RESUMEN, en el texto de este Informe:
Se aplican los principios matriciales, implícitos y explícitos, contenidos en la Constitución de 1980, en la LOCE de 1990 y en la recién negociada LGE, es decir, la mercantilización de la educación, la centralidad educativa en las familias y su poder económico, la subsidiariedad del Estado, la libertad de enseñanza en tanto el poder elegir para algunos padres y poder abrir establecimientos a su amaño, el autofinanciamiento...
Se acepta en forma acrítica y obsecuente el actual escenario de la ES chilena, que corresponde a la estructura legada por la dictadura desde 1981.
Se valida y valora como realidad legítima y aceptada el hecho que la mayoría de las instituciones de ES posean proveedores privados, como sucede con los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.
Se coloca en el centro de la responsabilidad educativa, en lo personal y social, a ‘la familia’, destacando su motivación y deber educativo, minimizando y lateralizando el rol primordial que en tal función corresponde al Estado.
De comienzo a fin del Informe se intenta inducir y dejar sentado que el trato que el Estado debe dar a las Universidades sea homólogo para todas ellas, incluidas las modalidades de financiamiento, cualquiera sea su propiedad o índole, con lo cual se está dictaminando a corto/mediano plazo la extinción de las Universidades Estatales.
Dada la compulsiva y cupular aprobación de la LGE, la próxima discusión en el Senado, el Protocolo firmado por el Gobierno por el fortalecimiento de la Educación Pública y la movilización social llevada a cabo por los actores protagonistas de la Educación chilena, CREEMOS que este Informe no tendrá viabilidad alguna, pero sí ha servido para desenmascarar los intentos privatizadores y de terminar con las Universidades Estatales, máxima expresión de lo que es la Educación Pública Universitaria. No es menor ver la firma de la actual Ministra, Mónica Jiménez, avalando el lucro en ES, y otras de gente ligada a intereses económicos o empresariales en el campo educativo. QUE HAYA DIPUTADOS O SENADORES Y PERSONEROS DE GOBIERNO INVOLUCRADOS CON EL LUCRO EDUCATIVO ES ALGO QUE HAY QUE DENUNCIAR AHORA YA, ANTES DE LA VOTACIÓN EN EL SENADO. AHORA LA LGE, MAÑANA LA LES, Y ANTES DEL BICENTENARIO: LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA CHILENA. Adelante, venceremos!.
Prof. Dr. Luís Rubilar S., Académico UMCE (ex-Pedagógico)
Macul, Junio 2008
